Caracas, 20 de abril de 2026 (Prensa CNEH) – El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en un esfuerzo por consolidar la estabilidad política del país, informó este lunes que ha solicitado formalmente a los órganos del Sistema de Justicia Penal la evaluación y otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un grupo de ciudadanos procesados.
Esta iniciativa se canaliza a través del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, el cual busca revisar la situación jurídica de personas que se encontraban bajo régimen de detención por su presunta o comprobada participación en delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano.
Compromiso con la Justicia y la Paz
De acuerdo con el documento oficial, el pasado jueves 16 de abril de 2026, el Ministerio Público requirió ante los tribunales competentes la adopción de estas medidas para un total de 51 personas. Los ciudadanos beneficiados estaban procesados o condenados por delitos relacionados con atentados contra la institucionalidad democrática y el desarrollo de la República.
Las medidas fueron acordadas por los órganos de justicia y ejecutadas de manera inmediata en la misma fecha, marcando un hito en la agenda de pacificación nacional impulsada por el Ejecutivo.
Un paso hacia el reencuentro nacional
El Gobierno Bolivariano ratificó que estas acciones forman parte de una política de Estado orientada a generar condiciones que favorezcan el fortalecimiento del tejido social y el reencuentro entre todos los venezolanos.
“Estas decisiones son un requisito indispensable para la consolidación de la paz y la preservación de la soberanía nacional”, reza el comunicado, subrayando la voluntad de mantener el diálogo y la convivencia como pilares fundamentales de la nación.
Con esta medida, el Ejecutivo Nacional reafirma su disposición de utilizar las herramientas constitucionales y legales para garantizar un clima de estabilidad y armonía social en todo el territorio venezolano.